El Tratado de Bucareli no llegó a ser ratificado por ninguno de los congresos tanto de Estados Unidos como de México, sin embargo, con el motivo de su aplicación la Suprema Corte de Justicia de México concedió un amparo a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos, que les dio un tiempo de quince años para mudar sus inversiones petroleras a Venezuela.
Después de la revolución mexicana, largo fue el camino para la reanudación de relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos de América (EUA), pues el vecino país del norte no veía con buenos ojos el tratamiento que los gobiernos revolucionarios daban a las compañías explotadoras de petróleo, estadounidenses en su mayoría. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció la estatización de la explotación de los recursos naturales del país, en especial la del petróleo. Bajo el porfirismo esto había quedado a manos del mejor postor, en su mayoría estadounidenses, privatizándose. Con el cambio, los empresarios fueron a quejarse ante su gobierno aludiendo graves pérdidas y daños. Así, los EUA deseaban resarcir los reclamos de sus empresarios, y seguir obteniendo beneficios de este recurso natural, tan importante para el desarrollo industrial. En cuanto a México, necesitaba de inversión extranjera, camino donde era de suma relevancia el reconocimiento de los Estados Unidos a la presidencia de Álvaro Obregón.
Así, en agosto de 1923 los presidentes de cada país ―Álvaro Obregón por México y Calvin Coolidge por los EUA― se reunieron para conferenciar y, en la medida de lo posible, acordar condiciones propicias para ambos frentes. La sede fue un antiguo edificio en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México. El resultado de esa reunión fue un documento que se conoce como Tratado de Bucareli. En las minutas del documento se otorgaba el resarcimiento, pues Obregón convenció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dictaminar que el artículo 27 constitucional sólo podía referirse, en cuestiones de explotación de bienes nacionales, a los procesos posteriores a 1917. Lo anterior, era válido, y los daños debías resarcirse[2].
Dentro del tratado se acordó lo siguiente[3]:
Las propiedades agrícolas expropiadas a estadunidenses menores a 1755 hectáreas, se pagarían con bonos.
Para propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y al contado.
Se integraría una comisión encargada de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868; las originadas por la Revolución se resolverían aparte.
Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los estadounidenses que hubieran adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que les permitía seguir explotando el hidrocarburo.
Al no refrendarse, el tratado resultaba nulo, pero el 31 de agosto se dio por válido cuando el Gobierno nacional avisó al pueblo la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. el documento es más bien un convenio, una convención especial ante las reclamaciones por pérdidas de los ciudadanos estadounidense con la nacionalización y estatización de la explotación de los recursos de México, sin embargo, mantuvo su nombre.
En la historia de México el Tratado de Bucareli representa una "leyenda negra" de la política y la diplomacia mexicana del obregonismo. Debido a que los opositores a Obregón consideraron traición a la patria el comprometer al país en su desarrollo económico y político interno para el futuro, a cambio de su reconocimiento diplomático, que como consecuencia le reportaría el apoyo financiero, militar, tecnológico y político de Estados Unidos al gobierno de Obregón y, con ello, de la comunidad internacional[4].
Además de las privilegiadas compensaciones para sus empresarios, Estados Unidos, dentro del mismo Tratado pidió la abolición del Artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, el cual establece la soberanía económica y la rectoría del Estado, establecerla propiedad originaria de la nación sobre el suelo, el subsuelo y litorales; la capacidad de imponer modalidades a la propiedad privada, y a las bases para la expropiación. Ante lo cual EUA discutía que no fuera retroactivo para las petroleras americanas. En el ámbito educativo se prohibió a los niños y jóvenes el acceso a la ciencia, la tecnología y la industria, México se vio en la necesidad de bajar la calidad de la enseñanza básica y superior haciéndola mediocre intencionalmente[5].
Sin embargo, el temor de una política entreguista por parte de Obregón, se vio rebasada y favorecida sistemáticamente por los gobiernos post revolucionarios durante el SXX XXI y, a casi un siglo de la reunión en Bucareli, Después de 80 años de la firma de los Tratados de Bucareli el gobierno federal de México[6], se han vulnerado los derechos de los mexicanos debido En la actualidad, la política alrededor del petróleo y de los recursos naturales del país han dado un giro: el entreguismo no es más la vara de medición.
A la entrega de concesiones, territorios, activos, costas y recursos de Baja California a compañías trasnacionales para instalar plantas de generación eléctrica y regasificadoras con el objeto de abastecer los requerimientos energéticos de Estados Unidos en California.
Permitir que policías estadunidenses operen en nuestros aeropuertos, convirtiéndolos oficialmente en sucursales de la CIA y el FBI. La lucha antiterrorista es el pretexto del gobierno de Estados Unidos para asumir el control de la política migratoria desde territorio mexicano.
carlos adrian gomez burgara
carlosadrian@inbox.ru
Telegram
http://t.me/gomezburgara61
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.